Por Telmo Martín | Pontevedra | 14/02/2010
Por tanto nos encontramos ante una estrategia en la que coinciden intereses políticos y los de algún colectivo sanitario reacio a aplicar modelos de gestión modernos. Modelos que, por cierto, no solo se han aplicado en la construcción de hospitales o centros de salud en Madrid y Valencia, como intentan dar a entender quienes se oponen a ellos. También en Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Andalucía y Murcia.
Pero si hablamos de infraestructuras en general, todas las comunidades autónomas, ayuntamientos y el Gobierno de España recurren al contrato de colaboración público-privada. Y por poner un ejemplo cercano, esa es la fórmula que ha anunciado el Ministro de Fomento para construir la autovía entre Pontevedra y Vigo.
El Tribunal Constitucional en la sentencia nº 37/94 lo deja muy claro: “el derecho que los ciudadanos puedan ostentar en materia de seguridad social es un derecho de estricta configuración legal, y el carácter público del sistema no queda cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privada”.
¿Por qué las administraciones recurren cada vez más a fórmulas de colaboración público-privada? Porque conllevan importantes ventajas como la reducción de riesgos, la agilización de la construcción de las infraestructuras y facilitan la financiación. Pero de estas cuestiones hablaré, con más detalle, en los próximos comentarios.