La deuda municipal

El anuncio de que el Gobierno modificará, en los Presupuestos Generales del Estado, el margen de endeudamiento de los ayuntamientos no ha sido sino la confirmación de un hecho esperado desde que en mayo se publicara el Decreto de la discordia – y su posterior “corrección de errores” -.

Por Mar Barcón | A Coruña | 09/09/2010

Desde aquél momento, la Femp concentró sus esfuerzos en negociar con ambas Vicepresidencias – la Económica y la Territorial – una flexibilización de las condiciones del endeudamiento para el 2011 si los ingresos del Estado mejoraban de manera sustancial; ayer esta negociación obtuvo el primero de sus éxitos, que, con seguridad, no será el último.

Pero no fue esta la única novedad en lo que a financiación municipal se refiere. La reunión entre los representantes de las entidades locales y el Gobierno sirvió también para avanzar que el próximo año los ayuntamientos recibirán un 9% más de transferencias del Estado; es este un incremento neto, tras haberle deducido la parte correspondiente a la devolución del anticipo del 2008 y devuelve los ingresos estatales a lo percibido en el año 2009, tras la reducción del presente ejercicio.

Naturalmente, frente a estos anuncios Núñez Feijoo criticó la “improvisación” del Gobierno de España y anunció que él no pedirá una mayor capacidad de endeudamiento para la Comunidad Autónoma. Nada nuevo bajo el sol, si tenemos en cuenta que el actual Presidente de la Xunta considera el Plan E un error y no parece dispuesto a poner en marcha ninguna medida real y equitativa para ayudar a los concellos en su capacidad de inversión ni en la financiación de su gasto corriente y su respuesta a las reiteradas demandas de la Fegamp ha sido criticar al Gobierno central y no asumir su responsabilidad ni utilizar las competencias que le son propias para mejorar la situación de las arcas locales.

La financiación municipal se ha situado en el centro del debate político y, al parecer, la derecha está dispuesta a convertirse al municipalismo por el trámite de urgencia, intentando así encontrar una nueva vía de crítica al Gobierno Zapatero. No le va a ser fácil. Cierto que la financiación local sigue siendo una asignatura pendiente, pero no lo es menos que el actual modelo - pensado exclusivamente para momentos de bonanza económica – es el resultado de aquella negociación Montoro-Barberá y fue vendida en su día como la solución de todos los problemas para los municipios. A la vista está que no lo fue.

El Gobierno socialista asumió, durante los últimos seis años, el reto de mejorar la financiación local a través de varios mecanismos. Así, las transferencias fueron incrementándose siguiendo el modelo “procíclico” instaurado por el Gobierno Aznar, pero llegada la época de la crisis el Plan E supuso el estímulo necesario para mantener, de un lado, la capacidad inversora local  y de otro la actividad económica de miles de pequeñas empresas que en caso contrario hubieran desaparecido. Basta comprobar la naturaleza de las medidas anunciadas el lunes por Obama con esos casi 40 mil millones de euros, para encontrar su parecido con un Plan E que inyectó 13 mil millones en las economías locales y que permitió realizar inversiones imposibles sin esa aportación.

En lo que a Galicia se refiere, el Pacto Local firmado por el Gobierno Touriño permitió a los Concellos enjugar una parte del déficit producido por la gestión de servicios propios y de las llamadas “competencias impropias” – usando una denominación un tanto anticuada - ; ahora, la Fegamp plantea un incremento del Fondo de Cooperación  Local e incluso nuevas fórmulas de la financiación incondicionada en la misma línea de las reivindicaciones planteadas desde la Femp. Feijoo no parece estar dispuesto a atender tales peticiones y la mejora presupuestaria que desde la Consellería de Presidencia se propone para el siguiente ejercicio es absolutamente insuficiente. Por otra parte el municipalismo gallego ha vivido durante este año una situación paradójica: mientras el Presidente de la Xunta repetía a los cuatro vientos su voluntad de acordar y consensuar las medidas políticas con los responsables locales, la realidad era que ayudas, decretos y subvenciones disminuían los medios con los que podían contar los ayuntamientos y, por si fuera poco, la arbitrariedad ganaba terreno cada día. Plan de cooperación, cuadrillas contra incendios, comedores escolares, dependencia, POL, rehabilitación… allá donde se mire sólo encontraremos recortes y sectarismo en el reparto.

 La intensa reducción del déficit impuesta por las circunstancias del momento a la fuerza debe modificar las previsiones municipales, pero la flexibilización de las condiciones del endeudamiento permite afrontar el próximo ejercicio desde una perspectiva diferente. Aún así no podemos obviar la tarea pendiente de reformular una financiación municipal que valga para tiempos de bonanza o de crisis y que asuma un nuevo reparto competencial tras treinta años de democracia. Los ayuntamientos han de hacer un esfuerzo por mejorar la eficacia y la eficiencia de sus servicios, por modernizar la administración y por asumir su cuota de responsabilidad fiscal y, por supuesto, el Gobierno de la Xunta no puede seguir mirando hacia otro lado, ejerciendo de hooligan partidista y pretendiendo que olvidemos que quienes se sientan en San Caetano tienen competencias, presupuestos y capacidad de impulso legislativo para ayudar a los municipios a remontar estos tiempos de crisis. Es sólo una cuestión de voluntad y compromiso político.